En las últimas semanas el debate público giró en torno a la situación presupuestaria de las universidades públicas nacionales. Ello obedeció, entre otros factores, a la profundización del conflicto docente que aún no acordó paritarias para el presente año, donde todos los gremios docentes rechazaron por insuficiente la oferta oficial de 15% en varios tramos en un contexto de creciente inflación. Las organizaciones sindicales docentes y no docentes mantuvieron reuniones con el ministerio durante todo el año, tomando el conflicto estado público a partir de las medidas de fuerza como movilizaciones, abrazos o huelgas en virtud de lo infructuoso de las negociaciones mantenidas. Los consejos superiores de las universidades, por su parte, sancionaron resoluciones remarcando lo acuciante de la situación.

Si bien es parte fundamental de la problemática, la misma no se circunscribe al conflicto específico por las paritarias 2018: el 20 de junio el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) le escribió dos notas al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, solicitando el cumplimiento del acuerdo de recomposición salarial (en relación a las transferencias correspondientes a la ejecución de la cláusula gatillo y las paritarias 2017), y de los planes de infraestructura y, en particular, con obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas, sin recibir a la fecha solución o respuesta alguna. Además, la inflación en los insumos y servicios de las universidades afecta el funcionamiento de las instituciones, más aún cuando se demora el giro de los recursos de infraestructura y otros gastos obligando a constantes reasignaciones y reactualizaciones presupuestarias. La subejecución o finalización de los programas de becas sociales e investigación y el recorte de diversos programas de apoyo por parte del Ministerio de Educación ponen en riesgo el normal funcionamiento de la actividad académica.

Las declaraciones oficiales en relación a la política educativa

En los últimos años asistimos a varios giros en la estrategia discursiva de los funcionarios del gobierno, analistas y comunicadores cercanos al espacio oficialista respecto a la educación universitaria. Desde el ámbito educativo, y durante la campaña electoral de 2015 y comienzos de la gestión en 2016, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, remarcaba que “Vamos a invertir lo que haya que invertir para que las universidades estén abiertas y bien”. De esta forma se intentaba despejar dudas respecto a los recortes en el financiamiento educativo. El propio Bullrich caracterizaba, en su cuenta oficial de la red Twitter, a la masiva movilización universitaria realizada el 12 de mayo de 2016 como producto de “sectores que utilizan la universidad pública para hacer política y buscan inventar una crisis donde no la hay”. Paralelamente en medios de comunicación como el diario La Nación y el diario Clarín, aparecieron una serie de notas de opinión de reconocidos analistas criticando el ingreso irrestricto a partir de criterios de productividad análogos a los de una empresa privada y, por lo tanto, apuntando a desmontar la educación como un derecho y a su mercantilización. Por ejemplo, Alieto Guadagni expresó en una columna de opinión del 4 de junio de 2018 “al igual que sucede en otros países de la región y del mundo, el ingreso en la universidad ‘no puede ser irrestricto’”; y por ello “los estudiantes que abandonan son un ‘costo muy grande para un bajo beneficio’”.

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, también realizaron recientemente declaraciones públicas con relación a las Universidades Nacionales. En el caso de Macri, el 31 de octubre de 2015, pocos días antes del ballotage electoral, expresó en una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “¿qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura”, haciendo referencia a la política de impulso a las universidades del conurbano bonaerense. En esa misma línea, Pablo Tonelli, diputado nacional por el Pro, sostuvo que “La educación no se arregla creando universidades por todos lados para que después no haya profesores”. Contradictoriamente, como veremos, el discurso oficialista actual apunta justamente a lo contrario: hay demasiados docentes universitarios, y podría triplicarse la matrícula con la misma planta docente.

A fines de mayo 2018, María Eugenia Vidal habló en un almuerzo ante empresarios, organizado por el Rotary Club Buenos Aires en el Hotel Sheraton. Allí se preguntó “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Las declaraciones de la gobernadora Vidal pueden contrastarse con datos oficiales, extraídos del INDEC. En el último decenio, el crecimiento de la matrícula acompañó la democratización del acceso a la educación superior. Esa democratización se tradujo en el crecimiento de la cantidad de estudiantes de primera generación de universitarios en sus familias derivando, entre otras razones, de la denominada “Tercera Oleada”, es decir, de la creación entre 2007 y 2015 de 18 universidades, 8 de ellas en el Gran Buenos Aires. Una investigación realizada por la UniPe, Universidad Pedagógica Nacional, con la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, muestra que entre 2008 y 2015, el mayor incremento en el acceso a la Universidad se dio entre la población de los quintiles de menores ingresos (1 y 2), tanto en términos absolutos como relativos (Cuadro 1), ratificando la democratización experimentada en el acceso a la educación universitaria en el conurbano bonaerense.

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Entre 2007 y 2015 tuvo lugar la “Tercera Oleada”: se crearon 18 universidades, de las cuales 8 fueron en el conurbano bonaerense, atendiendo a la extensión y densidad poblacional del mismo. Actualmente, existe al menos una universidad pública en cada provincia. Esta política expansiva generó un aumento en la matrícula, y una democratización del acceso a la educación superior. En los quintiles de menores ingresos, aumentaron los/as estudiantes de la universidad pública en una proporción mayor que en los quintiles de mayores ingresos. Entre 2008 y 2015 en el quintil 1 aumentó 47% y en el quintil 2, un 95%, mientras que en el quintil 5 aumentó sólo 21%.

Esta política de apostar a la creación y masificación de universidades nacionales como estrategia de inserción de sectores vulnerables, de capacitación de fuerza de trabajo para el desarrollo de una industria nacional y un mercado interno dinámico, fue cuestionada por distintos referentes que integran la gestión actual en atención a criterios de eficiencia económica. Sin embargo, recientemente desde el gobierno nacional a través de sus referentes en educación, ha modificado su estrategia discursiva. De cuestionar el crecimiento de las universidades, pasó a afirmar que estaba haciendo grandes esfuerzos aumentando la inversión en Educación, incluso por encima de la inflación. En este sentido, la crisis presupuestaria de las Universidades sería producto de la voracidad de los gremios docentes y las malas administraciones de las distintas casas de estudio.

Si se considera el salario real de los salarios docentes universitarios entre 2015 y 2017, este tuvo una caída en promedio de 7,5%. Es decir, por cada $100 que cobraban los docentes universitarios en 2015, hoy cobran $92,50 si se descuenta el efecto de la inflación. Tomando como referencia la remuneración de un cargo de dedicación simple titular, sin antigüedad que es de $8.351 según la grilla salarial vigente, esto implica una pérdida de $626,4 mensuales, acumulando desde enero de 2016 a diciembre de 2017 $15.033 por dicho cargo.

Los presupuestos de las universidades nacionales son insuficientes para sostener la estructura que tenían al año 2017 si no media un fuerte ajuste salarial o ampliación de las transferencias. La necesidad de ajuste en las 57 universidades nacionales, considerando el escenario de aumento paritario de 15%, alcanza los $351,90 millones, con un incremento de 20% suma unos $1.701,80 millones y con un incremento salarial del 30% alcanza unos $3.051,70 millones. La situación de las nuevas universidades que deben hacer frente a la apertura de nuevos cursos en los años superiores de las carreras y el incremento de la matrícula es aún más compleja, ya que no pueden congelar la estructura de 2017 en términos reales.

Las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura ejecutadas sufrieron un drástico ajuste nominal del 33% en 2016, sin siquiera contemplar inflación. En el año 2017, vuelven a crecer, pero sin compensar la inflación acumulada. En el periodo 2015/2017 las transferencias, con inflación deflactada, sufrieron un recorte de 17%.

El recorte se potencia si consideramos las Transferencias de Capital para infraestructura y equipamiento. Estas partidas sufrieron un ajuste promedio de 17% entre 2015 y 2017, lo cual compromete especialmente el funcionamiento de las nuevas universidades que están en una etapa de expansión de su matrícula y de crecimiento de su oferta académica, por lo que resulta imperativo la inversión en nueva infraestructura para dar soporte material a ese crecimiento.

Fuente: CEPA. Centro de Economía Política Argentina