Se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación una resolución según #DetalleNorma/191268/20180910 una serie de reasignaciones presupuestarias que visiblemente reducen de manera drástica fondos desde áreas sensibles como niñez, educación y ciencia. Se transfieren a través de ampliación de créditos, que beneficia a las fuerzas de seguridad, comandadas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Esto se da en el marco en el cual se decidió “reconvertir” a los Ministerios de Salud y Educación en Secretarías.

Esta resolución que aparenta ser de carácter administrativa, afectará también a las universidades que perderán 1639 millones de pesos asignados para obras de infraestructura. Esto se suma a los 450 millones que ya se podaron del presupuesto universitario en lo que va del año. Se verán afectadas especialmente las áreas de formación docente y jardines de infantes. El Ministerio de Desarrollo, a cargo de Carolina Stanley resigna partidas recortando 129 millones del programa de integración sociourbana, otros 117 millones de promoción de la primera infancia, mientras que a la protección integral de niños y niñas le recortarán otros 5,8 millones y a la protección de adultos mayores 2,2 millones.

El área de Ciencia y Tecnología perdería 346 millones de su presupuesto para actividades de Promoción y Financiamiento de Tecnología e Innovación. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) se recortará en 222 millones. La Secretaría de Ambiente perderá 15 millones destinados al desarrollo de la cuenca Matanza – Riachuelo.

La Secretaría de Turismo perderá 16 millones para la puesta en valor del complejo Chapadmalal. El CCK (Centro Cultural Kirchner) deberá esperar para las refacciones, ya que le recortarán 959 millones. Que le habían asignado.

Las redes sociales estallaron ayer, expresando su rechazo y logrando algo nunca visto, que una publicación del Boletín Oficial se convirtiera en pocas horas en trending topic y se viralizara. La diputada Victoria Donda twitteó: “El Ministerio de Hacienda autorizó gastos adicionales por más de $ 40.000 millones en su mayoría para fortalecer estructuras represivas mientras deja sin efecto gastos para infraestructura y ciencia y tecnología. Prioridades.”

Ante la magnitud del repudio general contra esta medida firmada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Gobierno salió a hacer “control de daños” y emitió un comunicado asegurando que se interpretó mal la norma y que solo se trata de un traspaso de fondos sin modificar la funcionalidad de los mismos, solo que en lugar de usarlos para pagar sueldos de maestras de escuelas públicas, se usarán para pagar sueldos de educadores que dictan clases en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Quien inmediatamente se pronunció fue el diputado Felipe Solá, quien declaró: “Sacarle plata a la educación para volcarla a seguridad es una síntesis de todo lo que no debe hacer un gobierno y un enorme peligro para la paz social”.

También lo hizo Daniel Filmus, ex Ministro de Educación: “Gravísimo que en el marco de la crisis que atraviesa el sistema educativo público en todos sus niveles, el Gobierno tome la decisión de quitar presupuesto al Ministerio de Educación y a otras áreas sociales para aplicárselo a la policía federal. Los funcionarios deberán dar explicaciones correspondientes a los diputados en el Congreso Nacional”.

Ante la propuesta del Gobierno de que se apruebe la Ley de Presupuesto para el año que viene y buscando la ansiada foto con los Gobernadores, para enviar señales dando cuenta de su solidez al mercado y al FMI, esto podría hacer tambalear sus planes. Recordemos que a través de los diputados y senadores que representan las provincias en el Parlamento podría ser aprobado el Presupuesto 2019 con los recortes impuestos por el organismo de crédito internacional.

Estos “adicionales” que se destinarán a las fuerzas de seguridad prácticamente convierten a Patricia Bullrich en una “superministra” con plenos poderes y con la potestad de alimentar el aparato represivo, dado que la conflictividad social ante el hecho de la quita constante de derechos, será cada vez mayor.