Bolivia, enseñanza para volver mejores

Por Carlos Raimundi

¿Podemos rescatar algún saldo alentador en los últimos sucesos de América Latina? ¿Cómo hacer que el golpe en Bolivia no signifique el fin de un ciclo próspero y popular sino el inicio de una integración profunda?

Creo que la respuesta dependerá de nuestra inteligencia para formular un diagnóstico correcto y a partir de ello acertar en la terapéutica. Y para eso, responder a los interrogantes que sean los pertinentes. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Los mayores o menores aciertos de un gobierno específico? ¿O la orientación general de toda una política regional, a dirimir entre el capital monopólico globalizado y gobiernos que intentan un camino de autonomía y dignidad? En otras palabras, la disputa de modelos, la dicotomía entre el imperio colonizador de un lado, frente al derecho de nuestros pueblos de algo tan fuerte y al mismo tiempo tan elemental como construir un destino de autodeterminación.

¿Están perimidas las categorías de imperialismo, neocolonialismo, dependencia, subdesarrollo, y su contracara de emancipación y soberanía, o se trata de un dilema no saldado que hoy recrudece con la misma intensidad de otras etapas, aunque con nuevas formas de penetración?

¿Han demostrado servir las instituciones clásicas para dar esta batalla con eficacia?

En su mensaje al pisar suelo mexicano, Evo Morales dijo que el 20 de octubre, el mismo día de las elecciones, se había puesto en marcha el golpe de Estado. Sin intención ni jerarquía para desdecirlo, el golpe se inició en el mismo momento en que su gobierno nacionalizó la renta del gas y demás recursos naturales, de modo que el 82% de la misma –y no el 18%, como hasta ese momento— quedara en poder del Estado para transformarse en profundas políticas de inclusión.

Con esa medida no sólo afectó los intereses económicos de las multinacionales, sino que despertó el profundo sentimiento racista de la Bolivia blanca, rica y poderosa. Las poblaciones originarias, de porte físico, color de tez y vestimenta diferentes, hasta entonces confinados a las tareas más rudas y menos calificadas, comenzaron a ser funcionarios públicos, a decidir políticas, a atenderse en consultorios médicos de alta complejidad, a educarse en escuelas y universidades públicas de alta calidad, a obtener empleos industriales calificados. Y esa afectación de privilegios económicos de las multinacionales, y de privilegios culturales de las élites locales, fue lo que llevó en 2008 a la rebelión de la Media Luna de Oriente, que pudo ser sofocada por la presencia de UNASUR, que hoy extrañamos.

Más tarde, una vez comprobado que la Embajada de los EE.UU. había financiado el intento de golpe, Evo expulsó al embajador. E hizo lo propio con USAID, la organización del gobierno estadounidense, creada poor John Kennedy en plena guerra fría, encargada de la lenta pero eficaz infiltración en las organizaciones locales, para ir cooptando la opinión de cientos de bolivianos, deliberadamente desinformados por la prensa hegemónica respecto de la profunda transformación del país. Para que las ideas y los intereses del poder no sólo fueran sostenidos por sus beneficiarios, sino también por sus víctimas.

Y en febrero de 2019, Evo firmó con la República Popular China un acuerdo para la explotación industrial del litio, que a diferencia de los contratos que impone el capitalismo globalizado, promueve la creación de empleos locales, capacitación profesional, provisión de insumos nacionales, etc. Todo esto fue gestando el golpe consumado en las últimas semanas.

Contextualización del golpe

Acudimos a una etapa de profunda disputa geopolítica. La supremacía histórica del capital financiero globalizado es amenazada por el eje eurasiático con sede en la economía china y su liderazgo comercial y tecnológico, el desplazamiento de la actividad del Atlántico Norte al Pacífico y Eurasia y la nueva institucionalidad representada por el Consenso de Shanghai, la Ruta y el Cinturón de la Seda y la Banca Asiática de Inversión e Infraestructura.

Ante este escenario, el capitalismo globalizado con eje en losgrandes monopolios venía desplegando su doctrina de “golpes blandos” de modo de desalojar del gobierno e inhabilitar judicialmente a los líderes populares de la región. Apoyado en el trípode novedoso que conforman los grandes medios, el aparato judicial y los servicios de inteligencia y espionaje, y gracias a un profuso financiamiento y altamente calificado entrenamiento profesional, los golpes eran disimulados por telones pseudo institucionales y se cuidaron de no extender la extrema violencia hacia amplios sectores de la sociedad civil.

El golpe en Bolivia se precipita como respuesta a situaciones como las rebeliones de Ecuador y Chile, la liberación de Lula y la victoria electoral del Frente de Todos en Argentina, que comenzaban a presagiar el declive del ciclo neoliberal. En cuanto al grado de violencia, nos retrotrae a la fase de la extrema crueldad. Carentes de todo argumento que se apoye en crisis económica o social, inestabilidad financiera, etc., y dejada en ridículo la excusa del fraude, apelaron a la destitución directa. Al mejor estilo de la Noche de los Cristales Rotos en laAlemania de preguerra, se marcan con cruces las puertas de los domicilios de simpatizantes de Evo, para que luego cuadrillas financiadas y entrenadas al efecto desde el exterior, las saqueen y agredan a sus moradores. Un retroceso civilizatorio hacia las peores prácticas del nazismo.

¿A cuáles intereses es más funcional nuestro sistema institucional?

Si alguna enseñanza podemos extraer de lo sucedido, es que algunas de las creencias más profundamente arraigadas en nuestra cultura política tradicional, tal cual están planteadas y que heredamos de la Revolución Francesa, se han agotado.

Una de ellas es pensar que un sistema institucional es una arquitectura de reglas neutras al valor, y por lo tanto aptas para ser aplicadas tanto a un modelo de acumulación monopólica como a uno popular. La experiencia de los últimos años en América Latina, a partir del descaro de los sectores neoliberales, nos demuestra definitivamente que las instituciones son la expresión normativa de una determinada correlación de fuerzas. A un proyecto popular corresponde un tipo de instituciones y a un patrón de acumulación monopólica, otro. Las instituciones demoliberales, tal como las conocemos, fueron mucho más permeables a la presión ejercida por los grupos económicos que a las demandas populares. Tan es así, que bajo su imperio se desplegó un proceso de endeudamiento, dominación política y cultural, persecución judicial y concentración económica sin precedentes. Se debe obturar esa permeabilidad selectiva hacia los intereses monopólicos en desmedro de la democratización de la economía con un nuevo y consistente plexo institucional.

Antes de que nadie que se califique democrático ponga el grito en el cielo: ¿significa esto renegar del estado de derecho? Todo lo contrario, significa respetarlo a pleno, es decir, ampliar el estado de los derechos, ponerlos al alcance de todos y todas. ¿Significa remplazar las garantías constitucionales por preceptos autoritarios? Todo lo contrario, significa hacerlas más ágiles, más eficaces y más democráticas. Completándolas con instituciones de poder popular, con la democratización de las reglas económicas, con la distribución más democrática de la propiedad, de la riqueza y del ingreso. En definitiva, dotarlas de mayor poder transformador, de aumentar el poder de decisión de los pueblos, en acortar la distancia entre la voluntad popular y las decisiones de gobierno, de modo que estas últimas no se desvirtúen durante el engorroso trayecto que recorren a través de las mediaciones impuestas por el sistema en curso. De construir una democracia más directa, más cotidiana, más dinámica.

En el caso de Bolivia, bajo el disfraz de ser garante de la transparencia institucional y electoral, la OEA se propuso auditar hasta la última urna, aunque esto no arrojara ningún riesgo de fraude, mientras guardaba el más absoluto silencio frente a la brutal represión de la movilización pacífica del pueblo chileno. Cuando Evo aceptó no sólo la auditoría de la OEA sino su carácter vinculante, le corrieron el arco: dijeron que no era suficiente y pidieron nuevas elecciones. Y cuando Evo las convocó, dieron el zarpazo final apelando a un grado de violencia muy superior a la utilizada durante los golpes blandos de la región.

Hasta las palabras más performativas de sentido de nuestro lenguaje deben resignificarse, desde el momento en que Donald Trump afirma que derrocar a un Presidente votado por el 47% de las y los bolivianos es un acto democrático.

Un sistema institucional es válido en tanto sea respetado por las partes. Sin embargo, las garantías ejercidas irrestrictamente bajo los gobiernos populares permitieron el rearme del poder oligárquico para que este, una vez reinstalado en el gobierno, las ultrajara brutalmente contra el pueblo. Y lo hiciera en nombre de la democracia y la institucionalidad.

Es un imperativo abordar a la brevedad esta trampa intelectual que es producto de la alta colonización de nuestra cultura política. Y remplazarla por una nueva pedagogía política fundamentada en los conceptos de poder popular y democratización de la economía.

El riesgo de naturalizar un estado de violencia

Cuando se obturan los canales institucionales de expresión, cuando las autoridades incumplen el pacto de legitimidad contraído con el electorado, la ocupación del espacio público, como reencuentro con el origen asambleario y plebeyo de la democracia, desempeña un papel re-instituyente.

Pero la persistencia indefinida en el tiempo de la movilización callejera no es el estado natural de las cosas. Se corren varios riesgos:

  • a) que vaya languideciendo progresivamente en el tiempo;
  • b) que se apropien de la demanda espontánea sectores que objetivamente no la representan, mediante algún artilugio de manipulación;
  • c) que se naturalice un clima de caos, violencia, incertidumbre y acefalía, propicios para una pérdida creciente de confianza en la organización estatal.

Hasta estos momentos es incalculable la ventaja relativa de América Latina respecto de otras regiones del planeta, tan ricas como nosotros en biodiversidad y recursos naturales como el caso de África o Medio Oriente. Y esa ventaja reside en una mayor estatalidad y en que somos aún una zona de paz, condición que sería muy peligroso perder. Cuando una sociedad, a raíz de un clima de conflictividad permanente, centra su energía y su atención en la resolución de esa conflictividad interna, pierde de vista su necesidad fundamental de administrar soberanamente sus recursos. Enfocada en el conflicto interno –muchas veces entre hermanos y fabricado en el exterior— cede el espacio de la administración de los bienes universales a intereses que seguramente no lo harán en beneficio de las mayorías. La doctrina del shock de Naomi Klein es muy rica en ejemplos de cómo se han provocado y financiado deliberadamente conflictos internos en diversas áreas del planeta, al cabo de los cuales los pueblos, enfrascados en su resolución táctica más que en sus consecuencias estratégicas, han ido perdido relevancia en la administración autónoma de sus recursos. Y este es el objetivo buscado por el imperio.

Conclusiones

La primera conclusión es que las derechas latinoamericanas no son democráticas, y que de nada sirve sostener una apariencia demoliberal, cuando son ellas mismas las que no la respetan.

Más bien, de lo que se trata es de asumir su caducidad histórica y su ineficacia y mejorar el sistema institucional con un cuerpo de iniciativas que incrementen y diversifiquen los caminos de expresión y participación popular, de modo que las decisiones del pueblo estén mucho más directamente conectadas con los actos de gobierno, y no se desnaturalicen al pasar por todo el filtro de mediaciones demoliberales, que sólo han servido para condicionar las decisiones de los gobiernos para que nada tengan que ver con la voluntad del pueblo.

En definitiva, confirmar al Pueblo como la fuente principal de legitimidad democrática, frente a la presión de los poderes fácticos de distinta índole.

La segunda conclusión es la necesidad de politizar el ascenso social. Entre otros referentes regionales, Álvaro García Linera ha trabajado sobre los perjuicios causados por no haberse politizado el ascenso social logrado por las recientes experiencias de gobierno popular.

Cuando estamos ante demandas muy primarias, como el hambre, el agua, el gas o el trabajo –dice García Linera— se solidifica un espíritu de lucha colectivo y solidario, un espíritu de cuerpo guiado por la idea de cohesión. Pero una vez superada esa etapa, una vez satisfechas las anteriores, las nuevas demandas adquieren un sesgo más individualizado que reduce aquel espíritu de cuerpo original, y van configurando un ambiente de mayor fragmentación. La demanda primaria solidariza la conducta; la demanda secundaria, más sofisticada, la individualiza. La primera se amiga con la lucha y la política pública, la segunda se torna más permeable a la salida individual, se va desentendiendo de lo público, de lo colectivo, de lo universal, tiende a aproximarse a cierto egoísmo. Se desliga de su interés de clase originario, para acercarse al universo simbólico de la clase a la cual, a partir de su nueva condición,  aspira a pertenecer. La primera muestra gratitud hacia el Estado, la segunda lo escudriña, lo señala, lo desafía. El ascenso social va llevando hacia un comportamiento cada vez más indiferente, desarraigado de la lucha original y desagradecido respecto de aquellas mismas políticas públicas que lo facilitaron. Cada vez más penetrable por parte de la prédica anti-igualitaria propia de las clases dominantes. De allí a la discriminación y el racismo hay una distancia cada vez menor.

Por eso, si el avance social, si la llamada movilidad social ascendente no va acompañada de un proceso de concientización respecto de las políticas públicas gracias a las cuales ese ascenso fue posible, nos situamos ante el paradójico escenario en que una parte de las nuevas clases medias han votado en contra de las fuerzas políticas que las pusieron en esa condición. Es necesario abordar esta agenda de la post-inclusión.

La tercera conclusión es la necesidad de ir lo más a fondo posible en la democratización de la matriz productiva y comercial de carácter monopólico. Si la justificación de no hacerlo es evitar la reacción violenta del poder, vemos por experiencia cómo esta llega de todos modos, y no como reacción a nuestra fortaleza, sino por tener el camino allanado por nuestra indulgencia.

La cuarta conclusión es la necesidad de reformular la educación y formación de las fuerzas militares y de seguridad para ponerlas a tono con el proceso democrático general, tomando nota de las recientes experiencias de Chile y Bolivia.

La quinta conclusión es la necesidad de construir una fuerza político-social organizada y movilizada de modo de resistir a la penetración cultural financiada por el imperio en sus múltiples formas, sostener las políticas populares que se apliquen y ocupar los espacios públicos cuando las circunstancias lo requieran.

La conclusión general es que el poder tiene muchos recursos y herramientas para detectar los flancos más débiles de cada proceso en particular, lo que nos llama a que esa construcción político-social articule en conjunto estos y otros aspectos pendientes (por ejemplo el rol de la prensa hegemónica), y asuma una dimensión regional, de modo de fortalecer nuestras posibilidades de éxito ante tamaños desafíos que tenemos por delante.