Condenan por delitos de lesa humanidad a un ex militar y dos ex directivos de Ford

A casi un año del comienzo del debate oral y público, se conoció la sentencia del juicio histórico por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa FORD en Argentina, en el marco de la última dictadura cívico-militar. 

Por unanimidad, el Tribunal integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero resolvió las siguientes condenas:

Pedro Müller, ex gerente de manufactura: 10 años de prisión. 

Héctor Sibilla, el ex jefe de seguridad: 12 años de prisión. 

Santiago Omar Riveros, ex militar: 15 años de prisión. 

El Tribunal dispuso que las condenas se cumplan en cárcel común, una vez que esté firme el fallo. 

El pedido de las querellas y la fiscalía había sido de 25 años de prisión para todos los acusados. 

FORD y los delitos de lesa humanidad

El caso de la empresa Ford es un ejemplo del accionar cívico-militar del terrorismo de Estado de la última dictadura genocida. Con el Golpe del 24 de marzo de 1976, fue militarizada la Planta de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. La automotriz quedó al mando de militares y civiles, quienes instalaron el terror en un lugar en el que había más de 7.000 trabajadores.

Uno de los principales objetivos de la represión en la empresa fue el disciplinamiento de los trabajadores organizados. Por eso, los principales perseguidos fueron los delegados de la Comisión Interna de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina). Así, los trabajadores de Ford pasaron a ser las víctimas de la propia empresa. A un grupo lo secuestraron dentro de la Planta de Pacheco y lo torturaron en el quincho del campo de deportes de la automotriz. A otro grupo lo secuestraron de sus casas. Las víctimas fueron trasladadas a las comisarías de Tigre e Ingeniero Maschwitz, donde permanecieron en cautiverio como detenidos-desaparecidos por más de 40 días. Luego fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en diferentes unidades penitenciarias, como las de Devoto, La Plata y Sierra Chica. Pasamos a ser una lista de desaparecidos. Aparecimos en una comisaría tomada por el Ejército. Ahí iba gente de todo el cordón industrial de la zona norte”, contó en La Imposible Pedro Troiani, ex delegado y sobreviviente. Las víctimas sobrevivieron y contaron la historia durante más de 40 años, hasta lograr que se realice el primer juicio.

Juicio al accionar cívico-militar

Después de más de cuatro décadas, luego de 15 años de instrucción de la causa y dos postergaciones del juicio, en diciembre de 2017 comenzó el debate oral y público para juzgar a dos civiles  de la empresa y a un ex militar por su responsabilidad en la zona. El 11 de diciembre de 2018 se conoció la sentencia.

Los acusados

El ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, fue juzgado como coautor de cinco casos de allanamiento ilegal, 24 casos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por violencia y amenaza, y por haber transcurrido más de un mes en 9 hechos de tormentos agravados por haber sido las víctimas perseguidos políticos, al haberse desempeñado como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde 1975 hasta fines de 1978. El ex gerente de manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de seguridad y militar retirado del Ejército, Héctor Francisco Sibilla, fueron juzgados por haber aportado los medios necesarios para la comisión de los crímenes contra los trabajadores. Otros dos acusados, Nicolás Enrique Julián Courard, presidente y representante legal de la empresa Ford Motor Argentina S.A. en 1976, y Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales, murieron impunes.

Las víctimas

En el juicio se trataron los casos de 24 víctimas de delitos de lesa humanidad, quienes eran trabajadores de la empresa. Los sobrevivientes guardaron sus testimonios por más de 40 años para denunciar los crímenes, contar el terror que sufrieron y también la lucha que sostuvieron.

“Estuvimos detenidos dentro de la Planta de Ford, nos torturaron dentro de la Planta. Fue un centro clandestino de tortura. No pudo funcionar así sin connivencia con los militares”, afirmó Carlos Propato, trabajador-víctima.

“Ford es la fábrica que tiene más prácticas empresariales represivas”, sostuvo Elizabeth Gómez Alcorta, abogada querellante con Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazabal.

Fuente: Radio La Imposible