De la confianza en el mercado, a la realidad del Estado

Por CESO (Centro de Estudio Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

A poco de cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, la economía argentina naufraga en una crisis de producción con corridas sobre el mercado de  cambios.  Ni  siquiera  el  valor  de  los  bonos  logró  recomponerse  y  el  riesgo  país se encuentra  a  valores  que  inhiben  el  acceso  a  financiamiento  internacional  para  el  Estado. ¿Fue entoncesun fracaso la estrategia de renegociación con los acreedores? Para nada, el acuerdo  con  los  acreedores  fue  exitoso  para  despejar  los  vencimientos  de  corto  plazo  y evitar  juicios  internacionales  que  inflen  judicialmente  la  deuda.  Lo  que  fracaso  no  es  el acuerdo con los acreedores sino la fantasiosa tesis de que su éxito derivaría en un shock de confianza  que  alentaría  la  reactivación  macroeconómica  en  un  contexto  de  estabilidad cambiaria.

Desde  el  CESO  venimos  señalando  que  la  reestructuración  de  la  deuda, exitosa  o  no,  no modificaría   los   condicionamientos   estructurales   que   enfrenta   nuestra   economía. En nuestro informe de febrero señalábamos que “las previsiones económicas aún en el caso de una exitosa reestructuración de la deuda son moderadas. El mercado interno se mantendrá relativamente  estancado  dado  un  consumo  y  gasto  público  real  con  bajas  perspectivas  de crecimiento,  y  una  inversión  que  difícilmente  sea  el  motor  de  la  recuperación  dada  la capacidad  ociosa  reinante  en  el  aparato  productivo”.  Esas previsiones  se  agravaron por  el impacto de  la pandemia,  motivo por  lo que  advertíamos en nuestro informe  de  junio que “el plan económico original de Alberto Fernández, donde una resolución rápida de la deuda en  el  marco  de  una  política  de  acuerdo  social,  creaba  un  entorno  estable  que  atraería inversiones  permitiendo  un  crecimiento  sostenido  donde la  brecha  externa  se  desplazaba por el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, ya no existe.”

Quienes   defienden   la   tesis   ofertista   del   “shock   de   confianza”   como   motor   de   la reactivación  no  dan  el  brazo  a  torcer  frente  a  la tozudez de  los datos.  Sosteniendo dogmáticamente  sus  posiciones  van  por  más  e  indican  que  el  acuerdo  con  los  acreedores no  fue  suficiente,  y  se  precisa  un  “plan  integral”  con  un  “presupuesto  equilibrado” (eufemismo   para   invocar   un   ajuste   del   gasto   público) para eliminar   los controles cambiarios y recuperar la confianza del “mercado”. El  resultado  de  dicho  programa  es  previsible,  ya  que  fue  ensayado  por  Mauricio  Macri  en sus  últimos  años  de  mandato:  el  recorte  de  los  gastos  acentuaría  la  recesión  económica mientras  que  la  eliminación  del  control  de  cambios  induciría  una  devaluación  en  el mercado  oficial  que  espiralizaría  la  inflación  deprimiendo  aún  más  los  ingresos  reales,  el consumo y el nivel de actividad. Con ese programa el oficialismo iría directo a una derrota electoral en   2021,   hecho   que agudizaría el   desmadre   económico   induciendo   la desestabilización política y social.

Frente a la desilusión del “shock de confianza” se impone la necesidad de una política clara de  impulso  a  la  demanda  que  deberá  ser  inducida  por  el  Estado,  único  actor  que  puede incrementar  los  gastos  en  un  contexto  de  crisis  económica.  La  clave  de  dicha  reactivación no es sólo un necesario impulso al consumo de la mano de una moderación en el ritmo de la  devaluación  oficial  y  una  recomposición  salarial,  dejando  de  lado  los  planteos de  un congelamiento  de  los  salarios públicos. Sino,  principalmente,  un  programa  de  obras públicas  que “se    concentre    en    sectores  económicos    que    resuelven    demandas    sociales  urgentes        (alimentación,        vivienda,    salud,    educación,    seguridad),    con    amplios multiplicadores del empleo y la actividad, y bajo derrame hacia importaciones y compra de divisas.  Esa  estrategia  impregna  el  plan  Marshall  criollo  que  los  movimientos  sociales presentaron a Alberto Fernández. Un programa que  coincide  en  sus  matrices  centrales  con    los    lineamientos    del    plan  Hornero    diseñado    por    el    CESO,  donde    se    plantea  la  generación  de  500.000  puestos de trabajo anuales con una inversión menor a los 2 puntos del PBI”.

¿Un presupuesto expansivo? La Ley de Presupuesto enviada hace algunos días no refleja un salto cualitativo importante en  la  estrategia del  Gobierno  ni que el Estado  vaya  a  ocupar  un rol  decisivo  en la  tracción de  la  actividad  económica.  Si  bien  se proyecta  una  expansión real  de  los  gastos  del  6,8%, especialmente  en  materia  de  obra  pública,  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  base  de comparación  son  los  paupérrimos  niveles  de  ejecución  de  2020.  De  esa  manera,  las proyecciones de gastos no son muy diferentes a las de otros años electores recientes y no hacen  prever  un  programa  audaz  para  salir  de  la  pandemia, impulsándose sólo  en  el margen programas destinados a reducir las brechas de ingresos y la desigualdad.

La corrida cambiaria

El mercado de cambios (MULC) volvió a estremecerse tras varios meses ininterrumpidos de una demanda creciente de personas que acudían al mercado oficial para la compra del cupo de los 200 USD. En un escenario en el cual la única fuente de divisas son las del comercio exterior, esto era imposible de sostener mucho tiempo más aún con la ventaja de no tener una fuerte demanda de dólares para turismo producto de la pandemia. Con el estímulo de la brecha cambiaria en su nivel más alto, la compra dólares oficiales para su reventa en el mercado paralelo tenía un rendimiento asegurado.

Frente  a  esa  problemática,  se  adoptaron  tres  tipos  de  medidas  con  el  fin  de  evitar  una devaluación del tipo de cambio oficial y sus ya conocidas consecuencias en los precios de la canasta básica y la previsibilidad macroeconómica.

Por  un  lado,  apuntaron  a  incrementar  las  condiciones  para  el  acceso  al  MULC  de  las empresas  y  personas  con  el  fin  de  reducir  quiénes  están  en  condiciones  de  comprar dólares. En  segunda  instancia,  se  encareció  el  precio  del dólar  para  atesoramiento  al llevarlo  a  $130.  Esta  medida  es  la  que  más  interrogantes  deja  por  dos  motivos.  Primero: ¿cuánto  durará  una  brecha  “cercana”  entorno  al  5/10%?  Segundo:  ¿es  una  normativa adecuada? El concepto del impuesto como “adelanto de ganancias” ya ha generado fuertes distorsiones  en  el  período  2011-2015 haciendo  que el  segmento  más  acomodado termine accediendo a un tipo de cambio más barato que el resto de los trabajadores que no pagan ganancias.  Si  el  objetivo  fuese  simplemente  devolver  el impuesto,  está  claro  que  no  se adoptaría una medida de este estilo. Lo ideal hubiese sido el incremento del impuesto país pero  tenía dos riesgos.  Requería una  sanción  del Congreso,  un tiempo  que  el  Ejecutivo no se  podía  permitir,  y  llevarlo  a  niveles  muy  elevados  corría  riesgo  de  judicialización  por “confiscatorio”. El tercer y último tipo de medida consistió en buscar administrar la brecha facilitando la venta de dólares MEP a través de títulos en la bolsa al eliminar el parking de 5 días,   algo   que   instauró esta   misma gestión   y   en   el   informe   anterior señalamos   la conveniencia de corregir.

La pregunta  sobre  el  futuro  de  la  brecha  es  fundamental  porque  en  la  medida  que  siga existiendo,  ya  pesar  del  precio,  millones  de  personas  tengan  la  posibilidad  de  acceder  al MULC  entendemos  que  el  mecanismo  de  goteo  va  a  persistir.  Dado  que  se  restringe todavía más la oferta en el mercado blue, es lógico que su precio aumente debido a que la demanda  va  a  seguir  existiendo  y  probablemente  siga  creciendo.  A  pesar  de  encarecer  el dólar “solidario” la brecha continuará y, con ella, la pérdida de reservas.

La respuesta a este escenario tiene que venir por construir un mercado de referencia en el dólar MEP a través de los títulos en el mercado de valores, eliminando el parking para darle volumen  e  intervenir  sobre  la  brecha  a  través  de  las  operaciones  del  Banco Centraly organismos públicos. En paralelo, la política de tasas también debe ser revisada de manera tal  que  el  financiamiento  a  las  empresas  no  se  encuentre  por  debajo  de  la  tasa  de devaluación oficial, ya que sino se generan incentivos financieros para el stockeo de granos y el pago anticipado de importaciones.