Del monetarismo extremo a los controles de precios

El Programa Precios Cuidados tiene origen en el año 2014 como una política pública que consistía en un acuerdo de precios de alimentos con revisión periódica (tanto frescos como procesados), limpieza del hogar, perfumería, aseo personal y que se extendió hasta otros productos como motos, insumos de construcción y abonos de telefonía celular. El Estado se hacía cargo de la difusión, la propaganda y la negociación con otros integrantes de la cadena, lo que resultó especialmente beneficioso para las empresas más pequeñas. 

El Programa Precios Cuidados se encuadró el contexto de la devaluación del peso en el año 2014.[1] El Programa tiene sentido en una economía oligopolizada, compuesta por empresas extranjeras con márgenes dolarizados. Aunque fue presentado desde los grandes medios de comunicación con una finalidad puramente antiinflacionaria, sus objetivos originarios estaban relacionados con la regulación de mercados oligopólicos y pueden resumirse en tres puntos:

· Establecer precios de referencia, para lo que se cubría una amplia gama de productos. Un punto fundamental era que la canasta ofrecida sea lo más heterogénea posible, incluyendo tanto productos de primera como de segunda línea.

· Arbitrar en la distribución del excedente entre proveedores, productores, distribuidores y consumidores en el marco de mercados altamente concentrados. El Programa consistía en un acuerdo voluntario de precios donde se incluía en el análisis todos los eslabones de la cadena de valor. Desde los proveedores de insumos hasta la distribución en supermercados y comercios de proximidad.

· Propiciar la diversificación de proveedores y productores con el objetivo disminuir la concentración y favorecer la competencia. La participación en el acuerdo brindaba una gran ventaja para las pequeñas empresas: aseguraba la llegada a los grandes canales de comercialización en el marco del Programa y las negociaciones con los grandes supermercados se delegaban en la Secretaría de Comercio, compensando una relación muy desigual.

En definitiva, el Programa de Precios Cuidados es una herramienta para distribuir de una manera más justa los márgenes de rentabilidad entre los diferentes sectores sociales y de la producción, además de cuidar el bolsillo de los consumidores. Constituye una política de defensa de la competencia para evitar apropiación de rentas extraordinarias y al mismo tiempo una política de defensa del consumidor. 

Con el cambio de gestión gubernamental a fines de 2015, se produjo un rápido giro en la interpretación de las causas de la inflación y los efectos de la intervención del Estado en la economía. La política monetaria de altas tasas y absorción de pesos que llevó adelante el Banco Central fue el principal instrumento. En contraste, se dieron repetidos aumentos autorizados por el gobierno en servicios públicos como gas, electricidad, agua, transporte y en los combustibles, en contextos de pronunciada suba del dólar como sucedieron en diciembre de 2016, en la corrida abril-agosto de 2018 y más recientemente, los primeros meses de 2019. La mirada económica ortodoxa lejos se encuentra de identificar a la inflación como un fenómeno multicausal y de interacción entre variables tanto monetarias como reales. Tampoco se reconoce el rol que la puja por el excedente tiene en los procesos de espiralización inflacionaria, ni el rol de los empresarios en la formación de precios. Por el contrario, solo identifica al Estado como principal responsable de la sucesión de aumentos de precios producto de los elevados niveles de emisión monetaria causados por el financiamiento del déficit fiscal. Desde la ortodoxia económica, los controles o acuerdos de precios se consideran medidas intervencionistas obstructoras del libre funcionamiento del mercado, que en el mejor de los casos apenas llegan a ser un maquillaje inocuo y en el peor de los escenarios causan desabastecimiento y serias distorsiones de precios. 

A contramano de su propio pensamiento económico con relación a las causas que originan la inflación, el gobierno se acogió a continuar con el Programa de Precios Cuidados, pero se vislumbraron importantes cambios en el funcionamiento, cumplimiento, publicidad y –en suma- la efectividad del Programa. Ya en los informes previos realizados desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se constataron una serie de hechos que afectaron sensiblemente el Programa. Por ejemplo, desde el lanzamiento de las canastas de Precios Cuidados de mayo y septiembre de 20172 se corroboraba la conformación de canastas sustancialmente distintas, con cerca de 100 productos menos, menos alimentos, menos variedad y definitivamente menor calidad. Además, se fue consolidando con las recurrentes renovaciones una comercialización acotada a grandes supermercados, dificultando el acceso a los consumidores del resto del país y de menores recursos, que suelen consumir en comercios de proximidad. Se observó, asimismo, una tendencia al reemplazo de productos líderes por productos con menor peso en el mercado, afectando el principal objetivo del Programa: acuerdos que oficien como precios de referencia. Precios Cuidados había dejado de ser un conjunto de bienes que servían de ancla para los precios, convirtiéndose en una canasta barata para sectores de bajos ingresos. La eliminación de la propaganda y los controles a cargo del Estado (con un deliberado vaciamiento de la Secretaria de Comercio y su personal experto en el rubro), constituyeron también una de las principales falencias, ya que limitaron fuertemente el alcance del Programa, afectando a consumidores (tienen poca información y orientan su consumo a otros productos publicitados fuera del Programa) y a las empresas (eliminando el principal incentivo a participar, el de la publicidad). Adicionalmente, en las últimas dos renovaciones de acuerdos hubieron “actualizaciones” de precios que apuntaron a compensar a las empresas por el efecto sobre precios y costos de la escapada del dólar. 

¿Quiere y puede el gobierno comprometerse con el control de los precios? 

Como se mencionó al inicio, la mirada económica ortodoxa lejos se encuentra de identificar a la inflación como un fenómeno multicausal y de interacción entre variables tanto monetarias como reales. Tampoco se reconoce el rol que la puja por el excedente tiene en los procesos de espiralización inflacionaria, ni el rol de los empresarios en la formación de precios. Por el contrario, solo identifica al Estado como principal responsable de la sucesión de aumentos de precios producto de los elevados niveles de emisión monetaria relacionados al financiamiento del déficit fiscal. Desde la ortodoxia económica, los controles o acuerdos de precios se consideran medidas intervencionistas obstructoras del libre funcionamiento del mercado, que en el mejor de los casos apenas llegan a ser un maquillaje inocuo y en el peor de los escenarios causan desabastecimiento y serias distorsiones de precios. 

Por lo tanto, una pregunta siempre vigente es ¿hasta dónde creen en el Gobierno en la regulación de precios? En virtud de las observaciones enunciadas, esta pregunta resulta central, dado que existen dudas de si la implementación de las propuestas tendrán cumplimiento real y exigido por el Gobierno o si solo constituyen una medida cosmética. 

Las menciones sobre el tema por parte del propio presidente Mauricio Macri, se han repetido a lo largo de los últimos años. En 2008 Mauricio Macri mencionó “el control de precios no funcionó ni con Hitler”[2]. Algunos años después, a pocos días de asumir la presidencia expresó “Vamos a bajar la inflación y Precios Cuidados no será necesario”[3]. Finalmente, hace solo unos días atrás, en un acto en Gualeguaychu, repitió la misma consigna “Los controles de precios ya se propusieron en el pasado… en varios gobiernos… ¡Los controles de precios no funcionaron!”[4]. Cabe mencionar en esta línea que en la última revisión el FMI indico que el Gobierno se compromete a deshacer los controles marginales de precios, y que en la exposición del segundo informe de gestión de 2019, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña afirmó frente al Congreso de la Nación “Nunca anunciamos control de precios porque no creemos en eso” [5].

Otra pregunta que resulta sumamente relevante es: ¿el gobierno cuenta con las capacidades técnicas necesarias para implementar un “congelamiento” de precios de estas características? Esto es central ya que el acuerdo indica que la “Secretaría de Comercio Interior, con el apoyo de asociaciones de consumidores, fiscalizará el cumplimiento del acuerdo”. Sin embargo, cabe recordar que a partir de 2016 la nueva gestión inicia un proceso de reestructuración del Estado que afectó fuertemente a la Secretaría de Comercio de la Nación. En los primeros 3 meses de gestión la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de cerca de 500 trabajadores que se desempeñaban en dicha cartera entre los que se contaban tanto planta permanente del Estado, como contratados en el contexto de la “Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional” y por medio de asistencias técnicas [6]. En este contexto, el entonces secretario de Comercio Miguel Braun justificó el proceso de despido por una necesidad de “ajustar y racionalizar el gasto”.

Aún con importantes limitaciones, el Programa de Precios Cuidados continuó implementándose en la gestión macrista. Una de las principales diferencias es que se dejó de dar propaganda a los productos y precios, cuando eso era parte central de la efectividad del Programa. También se redujo sustancialmente el proceso de fiscalización, con lo cual los productos y señalizaciones desaparecieron rápidamente de las góndolas, como fue señalado reiteradamente por asociaciones de consumidores [7] [8]. En este marco, desde los mismos supermercados, afirmaron en el marco de la renovación de enero de 2019 “están habiendo más inspecciones, de parte del Gobierno y de universidades en convenio con el Gobierno. Pero los controles están concentrados en distritos metropolitanos, o sea, son muy sesgados. Y casi no hay multas, son actas de advertencia20”. Cabe preguntarse, por último, ¿qué grado de libertad tiene una gestión para implementar efectivamente el “congelamiento”, dada la conformación del gobierno y sus estrechos vínculos con los sectores empresarios? Muchos funcionarios dieron el “salto” directamente desde la gestión privada hasta las carteras que teóricamente regulan a las empresas de las que provienen y sin ir mas lejos, hasta hace unos meses la misma Secretaría de Comercio estaba encabezada por Miguel Braun, perteneciente a la familia que es dueña de la cadena de supermercados La Anónima.


Fuente: CEPA. Centro de Economía Política Argentina


[1] Paralelamente a la creación de Precios Cuidados, en 2014, se incrementaron los montos de transferencia de ingresos de sectores más vulnerables: ampliación de los montos de la AUH, segunda moratoria previsional y creación del Programa PROGRESAR que oficiaba como extensión de la AUH para los hogares con hijos de entre 18 y 25 años que continuaran estudiando. Es decir, el Programa fue parte de un conjunto de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo.

[2] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-103070-2008-04-25.html

[3] https://www.eldiaonline.com/macri-precios-cuidados-no-hara-falta/

[4] https://www.lanacion.com.ar/politica/en-el-gobierno-analizan-medidas-para-moderar-los-precios-de-los-alimentos-nid2235809

[5] https://www.cronista.com/economiapolitica/Pena-Nunca-anunciamos-control-de-precios-porque-no-creemos-en-eso-20190410-0032.html

[6] https://www.lapoliticaonline.com/nota/96209-denuncian-otros-300-despidos-en-la-secretaria-de-comercio/

[7] https://www.lared.am/novaresio-910/precios-cuidados-una-asociacion-consumidores-denuncian-faltantes-productos-consumo-masivo-20180920-n1677966.html

[8] https://losandes.com.ar/article/view?slug=precios-cuidados-solo-10-de-los-productos-esta-en-gondola