Feminismos y nuevo concepto de ciudadanía.

Por Martina Genovart*

El concepto de “ciudadanía” en América Latina trae aparejado grandes debates, ocupando un lugar trascendental cuando parece que la participación política podría llegar a perder fuerza en el entramado social. Cuestión que podríamos asociarla fuertemente a las sistemáticas transformaciones económicas, los desfinanciamientos y desmantelamientos de los sistemas de protección social, el debilitamiento de actores de la sociedad toda, la ausencia de liderazgos y más precisamente, a un aumento sostenido con respecto al desempleo, la precarización laboral, la exclusión y la fragmentación del tejido social. 
La ausencia de un marco teórico que acompañe la comprensión del rumbo de las reformas estructurales, tanto en materia económica como en el propio rol que ejerce el Estado, es directamente proporcional a la profundización de estos cambios producidos en los países latinoamericanos.

El primer error al que recurrimos es vincular el concepto de ciudadanía con una concepción del “sentido común”. Fundamentalmente, porque somos conscientes de que esta noción no está exenta de controversias: sobre todo, si ponemos en el centro de la escena a las diferencias entre grupos sociales.

Consecuentemente, a lo largo de este abordaje vamos a hacer hincapié en un análisis minucioso acerca de los efectos que produce la desconsideración de los derechos de la ciudadanía en general, y de la ausencia de una transversalización de la perspectiva de género, en particular. Los efectos de estos procesos, en términos de desigualdades sociales, concentración del ingreso y aumento sostenido de la pobreza, afectan tanto a varones como a mujeres. Es cierto. Pero existe una diferencia sustancial en este sentido y radica en que no lo hacen de manera equitativa. Por ese motivo, resulta imprescindible que comencemos a considerar a la variable de género dentro del derrotero de los procesos sociales e históricos. No basándonos en un análisis metodológico, desde un enfoque teórico, sino más bien abordando la implementación de políticas públicas tendientes a ampliar estos derechos.

 Muchos investigadores y académicos realizaron, a lo largo de la historia, estudios precisos sobre la ciudadanía. Algunos de ellos, la describieron como la participación activa de los miembros en la comunidad, entendiendo, de esa manera, que diferentes tipos de comunidades políticas presentan diversas formas de ciudadanía. 
Los análisis que se remontan a la antigüedad sintetizan a la ciudadanía como una “invención griega de la política”, directamente relacionada con la pertenencia a una comunidad política en particular, garantizándole “identidad social” a toda persona que sea miembro de esa superestructura. En pocas palabras, lo que querían explicar es que la ciudadanía establecía la organización política de su medio o entorno social.

La ciudadanía es un concepto fuertemente arraigado a una concepción “masculina”. ¿Por qué decimos ésto? Porque durante el desarrollo y evolución de la ciudad propiamente dicha, la ciudadanía se caracterizaba por ciertos deberes y derechos que estaban estrictamente reservados justamente para los varones.

Si bien durante la década de los ’80 no se profundizaron los debates con respecto a la noción de ciudadanía, durante los años 90, emergió este concepto en el debate público.

Principalmente, ese interés tan efervescente de plasmar una discusión en torno a este tema está entrelazados directamente a sucesos políticos y económicos en particular, como por ejemplo el fenómeno de la globalización, las relaciones transnacionales, el desempleo masivo, los movimientos feministas y disidentes. 

Sería tamaño error dejar de lado la injerencia de las “derechas” en el despertar de este debate público sin precedentes. Son ellas quienes fomentaron (e implementaron) la pertenencia de cada individuo a la comunidad a partir de procesos de acumulación, que calaba hondo en las diferencias sociales en detrimento de los sectores más vulnerables.  Lo que es crucial dejar en claro es que la legitimidad en un determinado orden político, sólo se alcanzará si se llega al equilibrio entre las demandas que plantean las diversidades. Lograr una articulación de ellas exige mantener de forma intrínseca a la diversidad como característica clave de la gobernabilidad y piedra angular del desarrollo de la ciudadanía. 

Ante este escenario, el concepto de “ciudadanía” entra en sistemática redefinición, reformulación y reconstrucción -o deconstrucción, por qué no-. Uno de los conceptos que se elaboró a partir de estas nuevas premisas, es el de “ciudadanía diferenciada”. El planteamiento original proviene de la crítica del movimiento feminista, que considera que el uso hegemónico de ciudadanía atenta contra el genuino concepto de igualdad, que viene a omitir los derechos de las minorías sociales y étnicas al “empujarlas” a una homogeneización enjaulada en la noción de “mayorías”. La propuesta es clara: reivindicar las diferencias, más que negarlas, y organizarlas – e institucionalizarlas – a partir del Estado.

Es necesario entender esta nueva idea complementada con una definición de ciudadanía, dejando de lado los conceptos sexistas, y materializando la categoría “género” en el Estado. Existe un uso impreciso y muchas veces erróneo de ellos: El concepto de “sexo” remite a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el varón y la mujer. En tanto, “género” se refiere a una construcción social desigual basada en la existencia de jerarquías entre ambos sexos y a las consiguientes relaciones asimétricas de poder. Esta última diferenciación no es sólo conceptual, sino que tiene efectos políticos, sociales y culturales. 

No se puede circunscribir el análisis del impacto de un proceso de semejante magnitud como los que están sucediendo en América Latina sin tener en cuenta las situaciones de dependencia, subordinación e injusticia que se verifican como resultado del modo en que está organizada actualmente la sociedad. Estas situaciones no sólo afectan a las mujeres, sino también a los sectores más pobres. 

Si algo caracteriza al tratamiento de la problemática de la mujer en estos tiempos es la utilización con fines meramente políticos. La ausencia del abordaje de las políticas públicas desde una perspectiva de género explica el fracaso e ineficacia de las actuales estrategias políticas, que omiten la existencia de una estructura de poder diferenciada. Ése, justamente, será el desafío que tenemos por delante en esta coyuntura.

*Estudiante de Lic. En Ciencia Política (UBA). Militante de Movimiento Ciudadano La Capitana.