Por Martina Genovart ·

Cuando hablamos de compromiso, perseverancia y responsabilidad histórica, los jóvenes estamos situados en el centro de la escena. Una juventud que tiene grabada a fuego la memoria colectiva que nos recuerda a los detenidos desaparecidos durante una de las etapas más oscuras para la Argentina.

Foto Débora Zuker

En los últimos tiempos, fuimos testigos de un fenómeno novedoso y revolucionario: la activa participación de los jóvenes en la política, que con profundos valores democráticos portaron las banderas de la Patria justa, libre y soberana que tanto anhelamos. La visibilización de la juventud como sujetos activos y partícipes de nuestra historia profundiza notablemente las nuevas maneras de entender los vínculos y, sobre todo, las redefiniciones sobre lo individual y lo colectivo.

Hoy en día, el contexto de avasallamiento a los derechos de los jóvenes no es un hecho aislado, sino que se da en el marco de una quita sistemática de conquistas que históricamente hemos conseguido. Desde el desfinanciamiento y desmantelamiento de la educación pública, hasta la mala implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150).

En el debate político educativo actual, la fluctuante relación planteada entre los jóvenes y los nuevos desafíos socioeconómicos ligados a la vertiginosa incorporación de un nuevo paradigma económico y basado en la intromisión del neoliberalismo, el individualismo y la exclusión, va ocupando paulatinamente un papel más preponderante. Es por ello, que aquellos que pretenden eliminar la política de los colegios, como postuló el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ignoran que toda educación y formación es política desde el momento en no concebir a la docencia como una formación de opinión, valores y pensamiento crítico. La formación cívica no es “adoctrinamiento” y es responsabilidad nuestra erradicar ese concepto erróneo de la sociedad. Son muchos y muchas las jóvenes que participan activamente en política. Que se involucran, debaten, interpelan y persuaden. Que quieren escuchar y ser escuchados. La ampliación de derechos de estos jóvenes que, a partir de los 16 años tienen la oportunidad de elegir a sus representantes, son oportunidades claves para que se fortalezcan los lazos ciudadanos y populares: uno de los pilares de la educación pública.

Las problemáticas de la globalización y el desempleo juvenil, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, demuestran sus efectos perjudiciales en razón del acrecentamiento cuantitativo de los sectores marginales, la vulnerabilidad social, la desestabilización de los procesos de transición y la participación en el sistema social, económico-laboral, educativo e institucional. Indudablemente, recuperar el sentido histórico de las políticas sociales y su carácter fundamental, apostando por la complementación entre los derechos, demandas y obligaciones, representa el reto más importante donde es sumamente necesario dar el debate sobre la elaboración de políticas públicas de juventud en Argentina y toda América Latina.

Los jóvenes no sólo somos el futuro del país, sino que somos parte de un presente por el cual luchamos todos los días para que prime la inclusión y la igualdad. Somos quienes venimos a recuperar la política en su sentido más humano y crítico, y a ubicarla en el eje de la discusión como lo que históricamente tendría que haber sido y como lo que en un futuro será: la actividad pública volcada al servicio de todos y todas las argentinas.