La problemática del tráfico de residuos peligrosos. Caso Argentina

Lic. Fernando Del Giudice

El informe que se detalla a continuación dio origen a la causa Nº 7248/2019, “MACRI, MAURICIO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ARTS. 200, 201 BIS, 246, INC. 3º, Y 248 DEL C. PENAL, DENUNCIANTE: “DEL GIIUDICE, FERNANDO Y OTROS” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la Dra. Servini de Cubría, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo del Dr. Marijuan, ambos en los Tribunales de Comodoro Py.

Es evidente, pero aún así corresponde mencionarlo, que detrás de estas importaciones, el elemento económico juega un papel fundamental, por cuanto es práctica común en este tipo de operaciones, que los generadores de tales residuos en muchos casos, paguen importantes cifras, a los intermediarios, exportadores e importadores intervinientes, reguladas por la peligrosidad, volumen, y gastos de introducción al territorio destinatario, los que incluyen también las “comisiones” necesarias para lograr los fines propuestos.

Es también importante aclarar que, en muchas oportunidades, el negocio puede cerrar también con la sola extracción de los cargamentos del país generador y la puesta en puerto de destino de los contenedores, abandonando allí las pseudomercaderías, sin procederse a someterlas a destinación alguna, y llenando los documentos de transporte con nombres y/o firmas consignatarias inexistentes.

Es sabido que para que un hecho que involucra semejante heterogeneidad se detecte, primero hay que analizar la tendencia manifestada por un denominador común, entre los sucesos anteriores ya acontecidos. Sin perjuicio de lo cual, la aduana argentina, en una detección precoz de los acontecimientos en ciernes, comenzó a trabajar en 1990 en el análisis inteligente y posterior detención de importaciones de tales características, a la par de que, por medio de la difusión a otros organismos y a la prensa, se pudo acelerar el mecanismo burocrático legislativo que permitió poner barrera cierta a este tipo de importaciones. El problema se instaló en la opinión pública nacional e internacional, lográndose amplia repercusión solidaria, por parte también de ONGs americanas y europeas.

Fueron el mismo organismo aduanero conjuntamente con el Poder Legislativo, los autores materiales e intelectuales del Decreto 181/92, primera prohibición explícita y taxativa, firmado por el entonces presidente de la Nación, y previo a la sanción de la ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051. de cuyo articulado la aduana también fue coautora, como así también del decreto reglamentario Nº 831/93 y la modificación realizada al art. 610 del Código Aduanero, por inclusión de su inc. h, que refiere a la protección del medio ambiente como causales de prohibiciones del tipo no económicas.

Sólo resta exponer, que en atención a la pronta respuesta de la totalidad de los organismos nacionales responsables tanto del dictado, como de la aplicación del paquete legislativo y normativo específico logrado, hasta la fecha la Aduana Nacional, interceptó e impidió el ingreso, (sea por aborto de la operación desde origen, detención en zona primaria, o secundaria y posterior orden de reembarco, emanada de autoridad administrativa o en su caso judicial), de aproximadamente 7.000.000 (siete millones) de toneladas de desechos de la más variada morfología y peligrosidad.

Lo apuntado precedentemente, si bien demuestra un accionar efectivo de las distintas áreas que han investigado y detectado estas maniobras, no ha inhibido a los traficantes, de seguir intentando sus operaciones al amparo de nuevos disfraces para ellos, y nuevas definiciones para sus pseudo mercaderías; o bien al amparo de “donaciones”, utilizando para ello a importadores incautos, o a ingenuos representantes de diversas entidades, algunas filantrópicas.

Debemos recordar que, a las fechas de inicio, detección y denuncia por parte de la Aduana nacional de estas corrientes de residuos de todo tipo, que pretendían invadir al país, (fines de los ´80 y principios de los ´90) los temas ambientales no sólo no eran considerados por la legislación vigente, sino que tampoco existía un organismo con competencia específica, como luego sucediera con la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Se logró entonces tras mucho esfuerzo del personal de la aduana en su conjunto y del Poder Legislativo, instaurar las bases de una Política de Estado que lleva ya 28 años de continuidad, advirtiendo de tal forma al resto del mundo que Argentina es un país hostil a la importación de residuos de todo tipo, incluyendo los peligrosos.

A título informativo: La Ley 24051 llevó seis años de tratamiento parlamentario. Ingresó en el año 86 en la Cámara de Diputados presentado por el Diputado Nacional Lindolfo Gargiulo (MC UCR PBA quien provenía del CEAMSE). Originalmente se trataba de tres proyectos independientes entre si (Generación, Transporte y Disposición Final) pero enlazados conceptualmente. Luego de un largo trámite en la Comisión de Recursos Naturales se lo fundió en un solo que dio origen al tratamiento como una unidad conceptual que comprendía las tres instancias descriptas.

Tras un acuerdo político para darle prioridad a su tratamiento entre los dos bloques principales en esos momentos (Presidente de la Comisión de Recursos Naturales Diputado Nacional Hector Dalmau MC PJ MNES y Vicepresidente de la misma Comisión Diputado Nacional Cleto Rauber MC UCR MNES) a inicios de los 90 y luego de cuatro años de gestión es aprobado y pasa al Senado de la Nación siendo receptado por la Comisión homónima a cargo del Senador (MC UCR PBA) Adolfo Gass. Allí es sometido a algunas modificaciones donde se le incorpora el criterio “de la cuna a la tumba”, que 9 para sorpresa de muchos era un logro casi imposible, volviendo a la cámara iniciadora y sancionado en el año 92.

Asistimos con preocupación a un nuevo pretendido enfoque de la problemática de la importación de los Residuos de todo tipo, ya que la norma así promulgada supone una peligrosa flexibilización con la inocente frase “ENTRE OTROS” en su categorización pudiendo esto generar no sólo problema ambientales a corto, mediano y largo plazo, sino también y por ser los trabajadores aduaneros y portuarios los primeros en entrar en contacto con las mercaderías arribadas a puerto o punto fronterizo, se está generando un serio factor de riesgo sanitario -en principio para los mismos- con los consecuentes riesgos posteriores para la población en general.

Es excesivo el dictado de un DNU, para simplemente regular el ingreso de residuos de papel, cartón, vidrio, plástico y chatarra metálica, tal como se pretende presentar, ya que como lo hemos expuesto anteriormente, el acto legislativo desvirtúa principios básicos consagrados en la Constitución Nacional.

Se puede entender la necesidad de ciertos países industrializados, de deshacerse de sus excedentes de residuos de todo tipo (incluidos los de papel, plástico, cartón, vidrio y chatarra metálica) y más aún cuando China el principal importador asiático de residuos de todo tipo, acaba de cerrar sus fronteras a tales importaciones, creándose así un superávit que “debe” por sus propios intereses, ser redireccionado hacia otros en desarrollo. Y en ese entendimiento, es sumamente riesgoso pretender modificar el andamiaje nacional que regulaba y prohibía tales importaciones en los términos que, desde hace 28 años, permitieron a la República Argentina por el accionar de la Dirección General de Aduanas, impedir el ingreso de más de 7.000.000 (siete millones) de toneladas de residuos la más variada peligrosidad12. Por lo que nos invade el asombro ante el riesgo de la modificación de una Política de Estado que fue efectiva tal como fuere diseñada, aún se pueda considerar que merecerían ciertos retoques algunos criterios técnicos actuales.

Pero tales retoques, de ser necesarios, deben ser pensados y efectuados principalmente atendiendo a las necesidades y posibilidades de la República Argentina, con prescindencia de los problemas de aquellos países o aquellas latitudes más apremiadas por la acumulación de sus propios residuos de todo tipo y que por causales, geográficas, económicas o demográficas, necesitan imperiosamente deshacerse de su propia basura generada, recurriendo a su tráfico internacional, para no asumir los costos relacionados con su reciclaje y disposición final en forma ambientalmente racional, contrariamente a lo que exige el mismo Convenio de Basilea.

Se reclama entonces por la derogación del DNU 591/19 dado que su reglamentación se encuentra en curso en la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Producción y Trabajo, para su posterior entrada en vigencia, con lo que resultará entonces complicado desarmar esta maquinaria ilícita una vez que la misma se ponga en movimiento.

Fervientemente abogamos por continuar impidiendo, por ejemplo, el ingreso de embarques sobre los que eufemísticamente se aducía tratarse de contenedores con donaciones, en los que materiales tecnológicamente obsoletos, vencidos, usados, contaminados.., fueron secuencialmente sometidos en el exterior a su segregación, acopio y/o acondicionamiento para fines específicos, rotulándose en cada caja que se trataban de “cajas para el tercer mundo”.

Por lo que en función de las dinámicas comerciales que muchas veces por contar con mayores recursos, logran sorprender a los organismos de control es de esperarse nuevas escaladas, en la inteligencia y conocimiento del carácter cíclico que suelen tener los ilícitos y sus actores, en el teatro del comercio exterior.