Más problemas para las organizaciones de la Economía social

Armonización fiscal: una necesidad impostergable para las Organizaciones de la Economía Social

Por Miriam Juaiek

La pandemia que atravesamos tiene, si podríamos llamarlo así, un lado positivo: ha puesto a la vista de todos las injusticas sociales de nuestra época. Por supuesto no son nuevas, pero en este contexto de alguna manera han sido resaltadas.

Asimismo ha evidenciado el alto grado de “informalidad” de muchos trabajadores, familias, que se sustentan día a día como pueden. Y que a pesar de la complejidad del sistema impositivo argentino, buscan estrategias asociativas y mediante la adopción de diferentes formas jurídicas alcanzan la formalización, con la exceptiva de mejorar sus condiciones de trabajo. Este camino los lleva a abordar un sin fin de obligaciones que surgen de variadas y diferentes normas, que deben implementarse mediante aplicativos y sistemas informáticos que no siempre responden adecuadamente a lo normado. Y esta elección, además, debe ser sorteada con pocos recursos e información de difícil acceso para estos trabajadores.

Durante el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASPO) y ante la necesidad de dar respuestas a la situación vigente, los organismos del Estado han dictado un importante número normas. Sin dejar de
reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para enfrentar la pandemia y todos sus efectos, advertimos la importancia de armonizar las normas fiscales, ya que una buena política pública, o una acción reparadora, puede convertirse en solo un anuncio, si no llega a ponerse en marcha. La coexistencia de normas contradictorias y/o inconsistentes pueden generar este resultado.
Inconsistencias normativas

A partir del establecimiento del ASPO y ante la restricción de la circulación de personas y celebración de reuniones, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resolvió postergar la realización de Asambleas de cooperativas y mutuales. Posteriormente habilitó su realización mediante canales virtuales, solo para aquellas organizaciones que estén en condiciones de cumplir con todos los requisitos exigidos que permitan garantizar la legalidad de las mismas y no tengan otro impedimento legal como la obligación de la toma de decisiones sistema de voto secreto.

La asamblea de asociados es el órgano de gobierno de una organización con la potestad de decidir democráticamente sobre la vida institucional, resolviendo entre otros temas, los balances anuales como también el destino de los resultados contables del ejercicio económico. El impedimento de esta reunión quita la posibilidad de aprobar el balance requisito para muchísimos otros trámites.

Por otra parte, la Ley de Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, obliga a estas entidades a aportar anualmente a este fondo, mediante el pago de una contribución que se liquida en base al Balance contable y que admite como una de sus principales deducciones el retorno de excedentes que se distribuyen entre los asociados, siempre que éstos estén debidamente aprobados por la Asamblea.

Asamblea que, como mencionamos, tiene fuertes restricciones para celebrarse mientras dure el aislamiento. Sin embargo, los reclamos comienzan a llegar.

A pesar de esta situación, la presentación y pago de esta contribución que operó en mayo 2020, y cuya regulación está a cargo de la AFIP, no fue prorrogada. Su incumplimiento significa para las cooperativas:

✓ ser pasibles de multas,
✓ no poder solicitar o renovar el certificado de exención en el impuesto a las ganancias
✓ no acceder al beneficio del diferimiento del IVA que se obtiene mediante la solicitud del certificado MiPyme.

Ausencia de normas complementarias

Creación de la cooperativa, sin posibilidad de obtener CUIT

En abril de 2020, el INAES aprobó la constitución de cooperativas y mutuales, mediante un trámite de emergencia que admite su realización en forma totalmente virtual. El objetivo de esta norma es crear instrumentos ágiles que permitan a los trabajadores conformar cooperativas y mutuales, fortaleciendo su trabajo y facilitando, entre otras cosas, al acceso a diferentes dispositivos de ayuda económica y financiación que el Estado está otorgando.

Sin embargo, estas nuevas organizaciones se ven fuertemente limitadas en su operatoria hasta tanto no logren inscribirse en la AFIP. Lamentablemente este organismo no ha establecido la inscripción virtual para entidades sin fines de lucro, y la atención presencial se ha restablecido en pocas agencias del país y ninguna de CABA. Convertido en un sueño irrealizable la medida adoptada por el INAES. Cabe aclarar que el trámite de inscripción virtual ante la AFIP funciona hace tiempo, pero solo para ciertas sociedades comerciales reguladas por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Sistemas fiscales desactualizados, aun mas frente a la coyuntura.

La mayoría de las presentaciones impositivas se efectivizan a través de los servicios habilitados por la AFIP en su página web y al que cada contribuyente accede mediante su clave fiscal.

Una de estas presentaciones es el Balance Anual (en formato PDF), firmado y certificado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por lo expuesto anteriormente, las organizaciones están imposibilitadas de cumplir con esta obligación. Frente a esta situación la AFIP prorrogó el vencimiento al 18 de agosto del corriente para los balances anuales con cierre económico diciembre 2019, que debían cumplir con la presentación hasta el 30 de junio.

En tal sentido, si una organización necesita hacer un trámite a través la página web de la AFIP que posea como uno de los requisitos para su otorgamiento el cumplimiento de la presentación del balance anual, y esta presentación aún no ha sido realizada, el mismo es rechazado. Evidentemente el rechazo se da porque no considera el sistema informático la prorroga dispuesta por el mismo organismo.

Cabe mencionar que uno de los trámites incluidos en este supuesto es la solicitud del certificado de exención en el impuesto a las ganancias, cuya denegación trae perjuicios considerables para la organización.

Conclusiones

Los ejemplos antes mencionados son apenas la punta del iceberg, pero dan cuenta de manera acabada sobre la importancia de revisar las normas dictadas, sus implicancias y conciliación con otras normas vigentes. Asimismo, verificar su adecuada implementación, con instrumentos claros y accesibles.

Estos ejemplos también manifiestan las asimetrías de acceso a derechos que existen entre las sociedades comerciales y las organizaciones de la economía social, considerando además que muchas de estas últimas están conformadas por trabajadores en situación de vulnerabilidad social.

Es necesario comenzar a pensar en mesas interministeriales para reducir las contradicciones y potenciar las acciones. Por otro lado, resulta fundamental democratizar estos espacios, poder escuchar la voz de las organizaciones ante la implementación de nuevas reglamentaciones.

Una política pública, no solo debe consistir en propiciar un cambio o proponer el acceso a un beneficio. Acceder al financiamiento a partir de una página web y determinados tramites debe ir con un acompañamiento y análisis de la capacidad de las organizaciones para realizarlo y reconocer los problemas anexos sino quedara simplemente en un hecho administrativo. Seguramente podrán acceder
las organizaciones que se encuentren en mejores condiciones, reduciendo así el impacto de la política aplicada.

Esto no es nuevo, y la responsabilidad no solo recae en los organismos del Estado, sino también en nosotros, los ciudadanos, que nos vamos acostumbrando a la inequidad social. Hoy que tanto se habla de la “nueva normalidad”, porque no construir colectivamente una normalidad con justicia social, con normas claras y reclamos responsables.

(*) Contadora pública, especialista en Economía Social

Cortesia de CESO