Resistencia política migratoria

Por: M. Viviana Yopasa Ramírez*

Desde que el gobierno nacional de Mauricio Macri impulso la modificación de la ley Migratoria a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), se consolidó una política diferenciada y selectiva. Pese a su inconstitucionalidad, hemos visto un fuerte retroceso respecto a la garantía de los derechos de las personas migrantes. Así no sólo se han incrementado las tasas- que para los inmigrantes del Mercosur pasaron de costar de 600 pesos en 2015, a 1000 en 2016 y 3000 en 2018- y que han afectado el acceso a la regularización de las personas más vulnerables (que no cuentan con este recurso económico); también se han incrementado las acciones vinculadas al control de permanencia, donde la respuesta -a la falta de regularización- no es la información y la asistencia sino la expulsión.

El nuevo sistema que se llama Radex (Radicación de extranjeros a distancia, y que implica que hay que hacer todo el trámite por Internet) impide el acceso directo a gente de Migraciones. No hay a quien hacerle preguntas por problemas en la documentación, todo es estandarizado, dejando vacíos en el asesoramiento y acompañamiento para la regularización.

Una de las cosas más graves que está sucediendo, es que el gobierno ha venido estableciendo e instalando una relación causal entre migración, criminalidad y la necesidad de expulsión como resolución. Estos cambios llegaron a un punto de extrema gravedad en los últimos días. Por un lado, se están llevando a cabo expulsiones que separan a las personas migrantes de sus hijos e hijas, incluso cuando estos son argentinos.

El caso de Vanessa Gómez Cueva es uno de los más graves. Peruana, madre de tres hijos argentinos, vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en el 2014 y aun así fue expulsada con su hijo menor, sin despedirse y atender los derechos de sus otros dos hijos. Esto viola el derecho a la unidad familiar previsto en la ley.

Por otro, el 6 de febrero las provincias de Chubut y Jujuy adoptaron normativas que violan la igualdad de derecho y la no discriminación de la población inmigrante. En Chubut el gobierno ha adoptado un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales pero no sólo de delitos graves (como tráfico de armas, de personas o narcotráfico, con penas de más de 3 años de privación de la libertad) sino que se amplía el espectro de delitos por los cuales la persona puede ser impedida de entrar o ser expulsada, a contravenciones como la venta ambulante, resistencia a la autoridad, entran en esta categoría.

Asimismo no es necesario que cuente con una condena o sentencia firme, el hecho de estar en proceso de investigación es un considerado un antecedente, violando así el principio de inocencia. Esto constituye un hecho que vulnera y refuerza los estereotipos existentes, que sitúa al migrante como delincuente y que viola su derecho al debido proceso y acceso a la justicia.

En Jujuy se adoptó una nueva ley que establece el cobro de los servicios públicos a los inmigrantes que se establezcan allí de manera transitoria. Antecedente que buscan comenzar a restringir el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los migrantes.

A esto se le suma el arancelamiento para estudiantes extranjeros por parte de la Universidad Nacional de La Matanza y las nuevas exigencias de ingreso en las Universidades Públicas del país.

El 15 de noviembre del 2018 el Consejo Superior de la UNLaM emitió la resolución (224/18) el que impone un curso obligatorio de español a estudiantes “no hispanoparlantes”, por encima del CELU (Certificado de Español Lengua y Uso), el curso reconocido por el Ministerio de Educación y por todas las delegaciones del estado nacional. El costo: $60.000 en un pago. Esto llevó a que estudiantes migrantes y organizaciones comprometidas con la defensa de la Educación Pública Universal, No arancelada y de Excelencia en la Argentina, salieran a defender el derecho de la educación con acceso igualitario.

En un comunicado de prensa los estudiantes salieron a rechazar enfáticamente dicha resolución por ser inconstitucional y no estar acorde al ordenamiento jurídico argentino. Señalando que el curso y los exámenes de ingreso son una medida desigual y discriminatoria que desvirtúa el carácter de gratuidad de la Educación Pública, siendo contrario a derecho según el Decreto N° 29.337 que garantiza la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación a quienes habitan el territorio argentino.

En la ley de Migraciones sancionada en el año 2004 (Ley 25.871) el Estado aparece como garante: del derecho a migrar, de la igualdad de trato para lxs extranjerxs, del acceso igualitario a los servicios sociales. En el artículo 6 de la Ley establece que:

ARTICULO 6°El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

La solicitud y necesidad de solicitar el pago de arancel a estudiantes migrantes por parte del gobierno y distintas instituciones, ha buscado instalar en la sociedad, bajo una fuerte operación mediática, el problema de los altos gastos que tienen las universidades públicas con los estudiantes extranjeros que vienen al país de manera transitoria y que una vez terminados los estudios se van sin retribuir sus conocimientos a la sociedad argentina. El problema no son los extranjeros sino el desfinanciamiento de la educación y la necesidad irrefrenable que tiene el gobierno nacional de privatizar todos los servicios públicos.

Ante estas medidas, las organizaciones migrantes y organismos de DDHH han salido a rechazar los discursos xenófobos y las formas normativas que discriminen a la población migrante en el acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos e insta al gobierno a garantizar el Derecho a Migrar.


* Lic. En educación y Ciencias Sociales, Estudiante de Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural en Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Columnista del programa La Marea, (FM 90.5 Radio Futura), redactora de Revista Trinchera y colaboradora Agencia Timón.